Recibida hoy carta del padre Javier Giraldo, dirigida al Gobierno Colombiano, respecto a la Comunidad de Paz, cuya exposición anunciamos en Siero:
Que cesen las atrocidades contra la Comunidad de Paz
Cuando se conoce de cerca a las víctimas, Señor Ministro; cuando se puede apreciar su temple moral en sus sufrimientos, sus proyectos, sus ideales y la cotidiana gestión de sus tragedias, causa más indignación y repugnancia la podredumbre de las mentiras oficiales con que se quiere cubrir los planes para destruiralas
Bogotá, mayo 28 de 2007
Doctor
CARLOS HOLGUÍN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Ciudad
De toda consideración.
Acogiéndome al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, quiero solicitarle encarecidamente explicar a la Comunidad Internacional y a la sociedad colombiana lo ocurrido la semana anterior en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y replantear la actitud y el tratamiento que el Gobierno nacional le está dando a dicha Comunidad, desconociendo las medidas provisionales que desde el año 2000 ha reclamado para la misma la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como Usted bien lo sabe, Señor Ministro, ya que los medios de comunicación lo han informado repetidas veces, el lunes 14 de mayo de 2007, a las 07:00 horas, fue asesinado FRANCISCO PUERTA, integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Francisco se encontraba a esa hora en la Terminal de Transportes de Apartadó. Una persona integrante de la Comunidad lo encontró en la cafetería de la terminal a las 7:00 a.m. y él le propuso tomar algo juntos, pero como dicha persona tenía urgencia de tomar un vehículo que ya iba a partir, se despidió rápidamente de él; cuando llegó a su destino, antes de las 8:00 a.m., ya circulaba la noticia del asesinato de Francisco. Organismos de inteligencia del Estado y miembros de la fuerza pública han tratado de desinformar a la comunidad nacional e internacional sobre el crimen. El Coronel Jorge Salgado, jefe del Estado Mayor de la Brigada XVII, ha enviado mensajes a grupos y congresistas de Estados Unidos afirmando que Francisco no fue asesinado en la Terminal del Transporte sino en un barrio de Apartadó, en medio de una riña, y que él había sido expulsado hace años de la Comunidad de Paz; tales afirmaciones trata de atribuírselas a la esposa y a la hija de Francisco, pero ellas lo desmienten rotundamente. Por diversos medios, órganos del Estado han intentado manchar la memoria de Francisco; ocultar y transformar las circunstancias de su muerte y tratar de envolverla en contextos de delincuencia común para eludir toda la responsabilidad que al Estado le compete. A pesar de todos los informes elusivos del Gobierno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comunidad de Paz viene denunciando de manera persistente, con hechos concretos, que la Terminal del Transporte continúa siendo un lugar privilegiado de presencia de los paramilitares, donde controlan los desplazamientos de los integrantes de la Comunidad que están en la mira de sus crímenes, con toda la complicidad de la fuerza pública que mantiene un control estrictto de ese lugar.
El mismo día fue posible observar la presencia de varios grupos paramilitares en el sitio Tierra Amarilla, sobre la carretera que de Apartadó conduce a San José, y en el barrio El Mangolo, donde la Policía suele tener un puesto de control y donde los paramilitares han tenido también una intensa presencia desde hace 10 años.
Francisco era uno de los líderes de la Comunidad de Paz. Habitaba en la vereda Miramar, de San José de Apartadó, donde había coordinado el establecimiento de una Zona Humanitaria. Cuando en 1997 se constituyó la Comunidad de Paz, él participó en su creación. En 1999, por razones económicas, se trasladó a zonas rurales de Saiza (Tierralta, Córdoba), pero al producirse operativos militares brutales que llegaron a incinerar las mismas viviendas de los campesinos, él regresó a San José de Apartadó en el año 2000. Se ubicó en la vereda La Cristalina y más tarde en Miramar. En 2003 participó, como delegado de la Cristalina , en un encuentro en el que participaron organizaciones nacionales e internacionales. A mediados de 2004 comenzó a impulsar el proyecto de Zonas Humanitarias y coordinó especialmente dicho proyecto en Miramar. En 2005 fue designado como miembro suplente ante el Consejo Interno de la Comunidad de Paz, en representación de las Zonas Humanitarias, y ese mismo año participó en el período de intercambio de saberes, promovido por la Universidad Campesina de la Resistencia , en unión con otras 20 comunidades de diversas regiones del país, en Remolinos del Caguán, Caquetá. En 2006 dejó la coordinación de la vereda Miramar y se dedicó a impulsar más el proyecto de la Zona Humanitaria de Miramar.
Cuando el cadáver de Francisco fue llevado a San José para su inhumación, a varios policías de los que permanecen allí se les oyó decir que ellos conocían los planes de los paramilitares para perpetrar nuevas masacres contra la Comunidad, pero que ellos no harían nada para impedirlo.
El miércoles anterior, 9 de mayo, cuando varias personas bajaban de San José hacia Apartadó, en el barrio El Mangolo, donde ordinariamente la Policía tiene un puesto de control, fueron retenidas por paramilitares que se identificaron como integrantes del grupo “Águilas Negras”, nuevo nombre que utiliza la estructura paramilitar de la zona. Los armados retuvieron a cuatro personas; les anunciaron que los iban a matar; les pidieron sus documentos de identidad, transmitiendo por un radio teléfono sus códigos; las condujeron al sitio donde ordinariamente la Policía tiene el puesto de control en el barrio El Mangolo y les tomaron fotografías. Luego recibieron directrices por el radio teléfono y les dijeron que ellas no eran las personas que buscaban, pero que si denunciaban lo ocurrido, las matarían. También les comunicaron que en los próximos días iban a ingresar a los sitios de la Comunidad de Paz y a comenzar a matar a varios de sus líderes y acompañantes. Les explicaron que esto lo hacen con autorización del Ejército y de la Policía, pues “con ellos no se juega”. Afirmaron que, luego de dos años de presencia de la Policía en San José, muy poca gente colabora con ellos, lo cual significa que la gente simpatiza más con la guerrilla y por eso hay que eliminarlos. Según los armados, son los militares y los policías quienes les han dado la lista de personas para matar.
El 24 de abril de este mismo año, un poblador del caserío de San José, quien no está formalmente integrado a la Comunidad de Paz pero es muy cercano a la misma, fue abordado por un funcionario de Acción Social de la Presidencia de la República, quien le dijo que él pronto iba a ser asesinado o detenido, pues no había querido integrarse a los programas de inversión social que el Gobierno adelanta en la zona. Cuando el poblador le replicó que allí están involucradas empresas que han trabajado con los paramilitares y los han financiado, el funcionario le respondió enfática y airadamente que toda la inversión social de la zona se hace en coordinación con los paramilitares y que quien no se integre a sus programas es mejor que se vaya de la zona antes de que lo eliminen.
En los últimos meses la Comunidad de Paz ha recibido informaciones sobre reuniones que han tenido lugar en diversos sitios de Apartadó, en las cuales reconocidos paramilitares que trabajan con la Brigada XVII, entre ellos Wilson Guzmán y Elkin Tuberquia, han estado anunciando la proximidad de masacres contra la Comunidad de Paz. Por su parte, organismos del Estado han estado ofreciendo dinero a integrantes de la Comunidad para que se conviertan en informantes y comuniquen los desplazamientos de los líderes y acompañantes de la Comunidad de Paz.
Un poblador de Apartadó que subió la semana anterior a San José a comprar unos cerdos, les dijo a los pobladores del asentamiento de San Josesito que se cuidaran mucho, pues los paramilitares han estado anunciando intensamente, en los barrios de Apartadó, durante las últimas semanas, que se aproxima una nueva masacre contra la Comunidad de Paz.
Algo que impresiona profundamente en coyunturas como ésta, Señor Ministro, es cómo el Gobierno no sólo le da la espalda a la realidad que viven las poblaciones desprotegidas, sino que trata a toda costa de crear “otra verdad”, que en nada se compadece con la que viven las víctimas. Es una “verdad” a todas luces falsa y malintencionada, construida con falsos testigos y con intenciones inconfesables. Hace pocos días pude escuchar en directo, en la cárcel de Apartadó, el relato angustiado de quienes fueron abordados por un abogado que trabaja con el Ejército y les ofreció varios millones de pesos si aceptaban rendir declaraciones falsas, con el fin de hacer aparecer a una víctima de la violencia oficial como “militante de la guerrilla” y así hacer absolver a soldados implicados en el crimen. Los expedientes judiciales están saturados de falsas “verdades” compradas como mercancías, con las cuales se construyen las más abyectas decisiones en fiscalías, juzgados, procuradurías y tribunales, en ejercicios de una ‘justicia’ que ya no conserva relación alguna con la ética. Cuando se conoce de cerca a las víctimas, Señor Ministro; cuando se puede apreciar su temple moral en sus sufrimientos, sus proyectos, sus ideales y la cotidiana gestión de sus tragedias, causa más indignación y repugnancia la podredumbre de las mentiras oficiales con que se quiere cubrir los planes para destruiralas.
Hace apenas dos meses y medio acudí con urgencia al Señor Vicepresidente Francisco Santos, a quien el Gobierno dice haber encargado de la protección de los Derechos Humanos, para solicitarle de manera apremiante que detuviera el plan de asesinato de siete personas, cuyos nombres fueron revelados por el paramilitar Elkin Tuberquia (persona a quien el mismo Ejército le destruyó su conciencia moral de manera perversa). La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino para tratar de proteger esas vidas antes de que fuera demasiado tarde, pero hasta ahora no se ha obtenido ninguna respuesta que revele acción alguna del Gobierno para desactivar tal proyecto criminal. Con asombro vimos, por el contrario, que varios de los que estaban en la lista para matar, fueron privados de su libertad por una Fiscal de Medellín cuyas arbitrariedades son conocidas en toda la ciudad, e involucrados en un proceso penal cuyos “testigos” son los mismos paramilitares que pretendían asesinarlos.
Esto explica el que hoy no acuda a la Vicepresidencia sino a Usted, Señor Ministro, cuyo mandato le impone obligaciones relativas a la convivencia ciudadana, para solicitarle que desmonte los planes criminales que están caminando contra la Comunidad de Paz. Las recientes revelaciones de uno de los mayores líderes del paramilitarismo nacional sobre sus relaciones operativas con el Señor Vicepresidente, me inhiben aún más para solicitarle a él intervenciones que se ha negado a realizar, dándole la espalda al alto riesgo que corre una comunidad que en cerca de 600 ocasiones anteriores ha sufrido ya la criminalidad del Estado, con el blindaje adicional de la absoluta impunidad.
Le solicito encarecidamente, Señor Ministro, que analice y evalúe a fondo lo nefasto que ha sido la presencia de la Policía en el caserío de San José. Desde su llegada, el 1° de abril de 2005, los paramilitares se sienten con absoluto poder en toda la zona. El paramilitar alias “Lalo“, quien participó en la masacre del 4 abril de 1999, en la cual fue asesinado el educador y artista Aníbal Jiménez (autor del Himno de la Comunidad de Paz) y al joven Daniel Pino le abrieron el estómago con un machete dejándolo agonizar una hora con sus visceras esparcidas por el piso, departe todos los días con los policías acantonados en San José, donde ha establecido una tienda y juegos de billar. Allí los paramilitares realizan frecuentes fiestas, mientras los policías destruyen el monumento en memoria de las víctimas; permiten el saqueo de las viviendas de los desplazados y las usan ellos mismos para actos de prostitución; buscan familias cercanas a los paramilitares para repoblar el caserío y las veredas, pisoteando los derechos patrimoniales de los desplazados, y le guardan las espaldas a los paramilitares en la ejecución de todos sus crímenes. También están presionando a las empresas integradas a la financiación de los paramilitares para que controlen la economía regional (producción y mercadeo de banano y de cacao), presentando su presencia allí como planes de superación de la depresión económica de la zona, mientras bloquean y destruyen todos los intentos de economía solidaria que la Comunidad había impulsado.
En un momento en que el mismo Gobierno está proclamando en su discurso la necesidad de “decir la verdad”, le solicito, Señor Ministro, que el Gobierno diga la verdad sobre sus planes de destrucción de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Es lamentable que sean ahora los criminales los que estén develando muchas verdades. ¿Por qué ha tenido que ser un alto comandante paramilitar quien confiese que los generales Rito Alejo del Río y Martín Orlando Carreño Sandoval trabajaban en íntima unión con los paramilitares, en una época en que éstos inundaron de sangre todos los días a Urabá? ¿Por qué el Gobierno nunca ha sido capaz de decirlo o siquiera de investigarlo con siceridad y transparencia, a pesar de todos nuestros clamores? ¿Por que ha sido el paramilitar alias “Melaza” quien ha tenido que revelar ante la Fiscalía su presencia, junto con el Ejército, en la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, la que el Gobierno se ha empecinado en negar?. ¿Cuánto tiempo, Señor Ministro, va a esperar el Gobierno para revelarle al país y al mundo los crímenes cometidos por la Brigada XVII en todos estos años? ¿Prefiere el Gobierno que sigan perpetrando los crímenes y no tocar para nada las estructuras criminales de dicha brigada, así como las de la Policía de Urabá?
Como Usted bien lo sabe, Señor Ministro, la modalidad de presencia de la Policía en San José fue tema de una mesa de concertación entre la Comunidad y el Gobierno en 2004, donde hubo posibilidad de analizar sinceramente las condiciones en las cuales un puesto de policía no violaría los principios de una comunidad de paz, así como de estudiar los posibles mecanismos de control que evitaran la repetición de atropellos, inmoralidades y delitos que los policías habían cometido en el pasado. Sin embargo, el Gobierno rompió unilateralmente la mesa de concertación, justo en la coyuntura de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, adicionando la agresión a la Comunidad con las calumnias que el Señor Presidente profirió contra la Comunidad, destruyendo públicamente su reputación con base en falsas informaciones que le dió el Ejército, calumnias de las cuales no se ha querido retractar a pesar de las precisas directrices de la Corte Constitucional. Todo ello le quitó el piso a la mesa de concertación, la cual no podría funcionar sino sobre bases de buena fe. Desde entonces, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comunidad ha invitado persistentemente al Gobierno a hacer cuatro correcciones elementales que devuelvan una mínima base de buena fe, con el fin de restablecer un espacio de concertación. El Gobierno se ha negado rotundamente a ello. Entre tanto, continúa impulsando planes perversos de destrucción de la Comunidad.
No me acompaña ninguna fundada esperanza de ser escuchado, pero ante el sordo silencio de la Vicepresidencia, que se ha hecho cómplice ya de tántos crímenes al incumplir el encargo que le asignaron y que hoy inspira además angustiosos interrogantes y sospechas, acudo a Usted, Señor Ministro, para suplicarle que detenga este baño de sangre; que convenza al Señor Presidente para que recapacite y corrija el papel tan criminal que el Estado está jugando contra la Comunidad de Paz. La historia algún día les pedirá cuentas de tánta muerte, de tánta destrucción, de tánta injusticia, de tánta ignominia. En nombre de la humanidad, Señor Ministro, le ruego, le suplico y le imploro que reconsideren sus planes criminales; que recapaciten; que no le oculten por más tiempo la verdad a la Comunidad Internacional y al país; que en lugar de destruir más, reconstruyan y reparen los males que han causado; que le ahorren a gente tan sufrida, nuevos sufrimientos; que le pongan fin a tántas atrocidades.
De antemano le agradezco su atención a estas solicitudes angustiosas y le ruego enviar alguna respuesta, dentro de los términos legales, a la siguiente dirección:
[ … ]
Atentamente,
Javier Giraldo M., S. J.
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